La Justicia apunta a las relaciones de Néstor Lorenzo con Sebastián Forza y los contactos políticos.

La droguería San Javier, de Néstor Lorenzo, señalado por la ex ministra de Salud Graciela Ocaña como uno de los Yabranes de los medicamentos, aparece en la mayoría de las 400 causas que se investigan por adulteración, robo y falsificación de valiosos remedios oncológicos y contra el sida.

San Javier es Lorenzo, y Lorenzo, se sospecha, podría ser Sebastián Forza, el empresario asesinado junto a Leopoldo Bina y Damián Ferrón en agosto del año pasado por sus presuntos contactos con narcotraficantes mexicanos.

Para los investigadores resulta muy llamativo que las empresas del fallecido Forza y de su esposa, Solange Bellone (Bairesmed, Seacam y Sanfor), aparezcan vinculadas con San Javier en muchos de los ilícitos investigados por la Justicia.

Dos de esas causas están a cargo del Juzgado Federal N° 5, de Norberto Oyarbide, donde las aguas comenzaron a moverse rápido llevándose algunos nombres a su paso. Daría la impresión de que las compuertas que mantenían el río tabicado terminaron rompiéndose.

“Esta gente está muy protegida y tiene montada una ingeniería muy grande en cuanto a la constitución de sociedades anónimas”, dijo ayer a LA NACION una fuente judicial.

Lorenzo tiene 53 años, está divorciado y vive con su novia. El empresario, según fuentes judiciales, logró montar un gran negocio gracias a sus afilados contactos políticos y gremiales.

En uno de los allanamientos en sus oficinas se encontraron constancias de cheques destinados a la campaña presidencial de Cristina Fernández de Kirchner por un monto de un millón de pesos. Algunos de esos cheques fueron emitidos por Global Farmacy (otra sociedad disuelta) con los nombres de Carlos Torres y Julio Posse, supuestos socios de Lorenzo.

El vínculo necesario

“Personajes como Forza y otros le acercaban a Lorenzo medicamentos –algunos de dudosa procedencia– y él se encargaba de ubicarlos entre las obras sociales de todo el país con sus altos contactos”, dijo una fuente cercana a la causa.

Ocaña recordó ayer que Lorenzo estuvo involucrado en una megaoperación de venta de leche en mal estado a programas sociales en los años 90.

La investigación judicial que el viernes pasado llevó a Lorenzo a la cárcel –fue excarcelado al día siguiente– surgió de la denuncia de un simple médico. El profesional constató que uno de los medicamentos contra el cáncer suministrado a un paciente por una obra social estaba adulterado; es decir que no hacía efecto. Ese remedio, de marca Matera, había sido provisto por San Javier, según la investigación, y la marca estaba falsificada. A la cola de esa cadena, otra vez, surge el nombre de una de las empresas de Forza como intermediaria. Siempre los mismos nombres, en los mismos lugares.

Hace más de un año que Oyarbide ordenó escuchas telefónicas de los números de Lorenzo. Uno de esos comprometedores contactos le costó la cabeza ayer a Alberto Costa, subsecretario de Control Sanitario del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

En el juzgado dicen que tienen mucho más y que en los próximos días habrá novedades, aunque no quisieron adelantar nada.

“Lorenzo sabía que lo estábamos escuchando porque surge de las conversaciones que muchos se lo advertían, pero a él no le importaba; jugaba con su impunidad”, expresaron fuentes judiciales.

La Bancaria

Oyarbide, además, investiga la estrecha relación de Lorenzo con la obra social de los empleados bancarios manejada por Paula Aballay, esposa del sindicalista Juan José Zanola. En el expediente cursado en el Juzgado N° 9 figuran irregularidades entre 2005 y 2007 en pagos millonarios de subsidios que realiza la Administración de Programas Especiales (APE), que estuvo a cargo de Héctor Capaccioli, el gran recaudador de la campaña de Cristina Kirchner.

El Estado nacional, por medio de la APE, subsidia a las obras sociales para que puedan afrontar la compra de medicamentos “críticos”, como los oncológicos, que cuestan entre 15.000 y 20.000 pesos el frasco. Es como un préstamo que rara vez las obras sociales devuelven en tiempo y forma.

De la investigación que cursa Oyarbide surge que la obra social de los bancarios habría presentado historias clínicas fraguadas de pacientes que no estaban enfermos para cobrar esos subsidios.

Los investigadores judiciales también constataron que los troqueles de las cajas de los medicamentos utilizados para certificar el gasto realizado por la obra social, y que pretendía que le reintegraran a través de la APE, eran falsos. En este sentido, el juzgado sigue una pista sobre una presunta relación entre una imprenta y el asesinado Leopoldo Bina.

“Es una película de terror que tienen que sufrir los pacientes y los médicos, porque en el Policlínico Bancario ya se encontraron medicamentos vencidos, falsos, de todo”, comentó a LA NACION Maki Fontanarrosa, encargada de prensa de la secretaría gremial de la Comisión Interna del Banco Nación. “Es sabido que en la obra social trabaja gente que son ex San Javier, de Lorenzo”, agregó.

En el juzgado esperaban que, como suele suceder, “muchos interesados” pidieran ver el expediente en Comodoro Py tras la detención de Lorenzo. No apareció nadie.

Fuente: La Nación.

http://www.lanacion.com.ar/1172071-la-mafia-de-los-medicamentos-y-los-mismos-nombres-de-siempre