La Justicia analiza contratos que firmó la empresa con YPF
Los contratos de obra pública adjudicados a Odebrecht se extendieron durante el kirchnerismo a las empresas del Estado. Después de la investigación sobre AySA que motivó los allanamientos de esta semana, la Justicia analiza dos contratos firmados entre YPF y la compañía brasileña que cuadruplicaron sus presupuestos originales con ampliaciones firmadas cuando la gestión estatal tomó el control de la petrolera.
Son dos obras por unos U$S 400 millones realizadas en las plantas de YPF entre 2010 y 2014 que contaron con ampliaciones presupuestarias firmadas por la administración kirchnerista, según los documentos internos a los que accedió LA NACION. La Justicia analiza la construcción de la Planta de Reformado Catalítico Continuo (más conocido como CCR) y el desmontaje de las instalaciones destruidas por la inundación de una planta tras una presentación realizada por la legisladora Graciela Ocaña ante el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
Sebastián Eskenazi, entonces CEO de la petrolera, firmó el 8 de febrero de 2010 la adjudicación para que Odebrecht construyera el CCR por $472 millones, un contrato establecido mitad en pesos y mitad en dólares, tal como se acostumbra en el sector. La construcción del CCR ya alcanzaba el 70% de la obra -sostienen fuentes de la empresa- antes de que la conducción privada tuviera que dejar la empresa por la intervención del gobierno kirchnerista.
Pero cuando Cristina Kirchner decidió estatizar la petrolera, en mayo de 2012, YPF duplicó los desembolsos para que Odebrecht terminara la obra. La nueva conducción, liderada por Miguel Galuccio, firmó cuatro ampliaciones del contrato que elevó el presupuesto a $916 millones, casi el doble del contrato original. En total, con impuestos incluidos, el YPF terminó por pagarle a Odebrecht $1100 millones por la construcción del CCR.
Las explicaciones
La inflación, nuevas tareas asignadas a la empresa y un pago extra a los trabajadores por exigencia del gremio fueron los argumentos que esgrimieron fuentes de la gestión Galuccio. La obra -sostienen- duplicó los costos previstos por el aumento de precios durante el período 2010-2013. Por otro lado, el proyecto original -agregaron- sufrió modificaciones que insumió más trabajo para la empresa. Y, por último, YPF acordó con los dirigentes de la UOCRA un pago extra para los obreros por una cifra cercana a los nueve millones de dólares, confiaron a LA NACION.
“Queremos que se investiguen las contrataciones que desde mi perspectiva incluyen sobreprecios”, aseguró Ocaña, que presentó la documentación ante la Justicia. “Es llamativo que a partir de la administración del Estado aumentaran los costos sin justificativo. Máxime cuando muchos de los contratos fueron pactados en dólares”, agregó la legisladora.
La información está a disposición del juez Martínez de Giorgi, que instruye la causa sobre presuntas irregularidades en el soterramiento del tren Sarmiento, el mayor contrato de Odebrecht en el país.
La Justicia también investiga otro caso similar entre YPF y Odebrecht. La petrolera estatizada firmó el 29 de agosto de 2013 un contrato con la compañía brasileña por $70 millones para desmontar las instalaciones siniestradas en una planta que había sufrido la histórica inundación de La Plata y alrededores.
El presupuesto para Odebrecht se cuadruplicó en menos de un año hasta llegar a los $290 millones, según consta en los documentos a los que accedió LA NACION. Tanto la adjudicación del contrato como sus sucesivas modificaciones se hicieron a través de una contratación directa, confiaron fuentes de la petrolera.
“A medida que veíamos la magnitud del daño causado por la inundación ampliábamos el presupuesto. Finalmente tuvimos que desmontar toda la planta porque la destrucción fue total”, explicaron fuentes que trabajaron en esa gestión de YPF. Y agregaron que acudieron a una contratación directa por la urgencia del fenómeno climático y que recurrieron a Odebrecht para realizar los trabajos porque la compañía brasileña ya estaba habilitada para trabajar en el predio porque, justamente, estaba por finalizar la construcción del CCR.
Fuente: La Nación
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